Caso Pandora: Gobierno destituye a nueve funcionarios y pide auditoría a la Contraloría
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la destitución de nueve funcionarios presuntamente vinculados con la operación Pandora, el congelamiento inmediato de todos los trámites relacionados con créditos fiscales bajo sospecha y la solicitud de una auditoría integral a la Contraloría General de la República para determinar cómo operó la red de fraude detectada dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Las medidas buscan proteger los recursos públicos mientras avanzan las investigaciones por un esquema que habría provocado una lesión patrimonial de al menos 40 millones de dólares.
Durante un mensaje dirigido al país, Chapman aseguró que la estructura «comenzó hace muchos años», logró captar funcionarios públicos y burló los controles existentes dentro de la administración tributaria.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la destitución de nueve funcionarios presuntamente vinculados al caso Pandora, el congelamiento de los créditos fiscales bajo sospecha y la solicitud de una auditoría integral a la Contraloría General de la República. Cortesía
«No importa cuándo empezó. Nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo», afirmó. Explicó que, además de separar a los funcionarios relacionados con el caso, solicitó personalmente al contralor general realizar una auditoría integral para establecer qué ocurrió, identificar las fallas en los mecanismos de control y recomendar los correctivos necesarios para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Créditos sospechosos
Paralelamente, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó congelar todos los trámites correspondientes a créditos fiscales bajo sospecha mientras se determina su legalidad y posible vinculación con la investigación.
La operación Pandora salió a la luz a inicios de julio, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial, ejecutó una serie de allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
De acuerdo con las investigaciones, una organización integrada por funcionarios, exfuncionarios, abogados y particulares habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales pertenecientes a contribuyentes y posteriormente venderlos o transferirlos a terceros sin autorización.
El dinero era utilizado para cancelar impuestos o comercializado con descuentos, generando un millonario perjuicio para el Estado. Las autoridades investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y delincuencia organizada.
Funcionarios y particulares investigados por la operación Pandora fueron aprehendidos durante una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional en varias provincias del país. Cortesía
Investigación
Desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público ha imputado cargos a varios de los aprehendidos y mantiene abiertas nuevas líneas de investigación para determinar si existen más funcionarios, empresas o intermediarios involucrados. Los fiscales analizan información obtenida de dispositivos electrónicos, registros del sistema tributario, transacciones financieras y comunicaciones entre los investigados para reconstruir el funcionamiento de la red.
El propio Ministerio de Economía y Finanzas y empresas afectadas por la utilización irregular de sus créditos fiscales también se han constituido como querellantes dentro del proceso penal.
Chapman sostuvo que las acciones adoptadas no solo buscan sancionar a los responsables, sino también corregir las vulnerabilidades que permitieron el fraude. Aseguró que Panamá cuenta con el talento y las instituciones necesarias para detectar irregularidades, fortalecer sus controles y garantizar una administración tributaria más transparente, moderna y eficiente.
El ministro agregó que las investigaciones continuarán con absoluto respeto al debido proceso, pero advirtió que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia conforme a lo establecido en la ley.
