Reloj corre: 115 días para cerrar venta portuaria
Panamá en el centro del conflicto entre China, Trump y procesos internos
La venta del 80% de los activos portuarios globales de CK Hutchison Holdings, anunciada el 4 de marzo de 2025, aún no se concreta.
Aunque el 2 de abril había sido señalado como fecha tentativa para cerrar el trato, el plazo sigue abierto: las partes cuentan con un periodo de exclusividad de 145 días, que vence el 27 de julio, por lo que restan 115 días para definir el futuro de la operación, según reportes de la agencia de noticias Reuters.
El acuerdo, valorado en aproximadamente $22,800 millones, incluye 43 terminales portuarias en 23 países, entre ellas los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, ubicados en puntos estratégicos del Canal de Panamá.
El comprador es un consorcio liderado por BlackRock, junto a Global Infrastructure Partners (GIP) y Terminal Investment Limited (TiL).
Presiones Internacionales
La operación enfrenta ahora una creciente tensión geopolítica. China, a través de sus medios estatales, ha calificado la venta como una «traición» y su regulador antimonopolio inició una revisión del acuerdo.
Donald Trump insiste que la presencia de empresas chinas en la entrada del Canal de Panamá representa un peligro de seguridad para Estados Unidos.
Al otro extremo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que la presencia de empresas chinas en el área canalera representa una amenaza a la seguridad nacional, exigiendo su salida de la región.
En medio de este escenario, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha confirmado que las negociaciones no se han suspendido.
“El gobierno está en contacto con todas las empresas involucradas en la transacción”, dijo, en referencia a CK Hutchison, BlackRock, GIP y TiL.
Situación en Panamá
Pero además de las presiones externas, Panamá enfrenta procesos internos que añaden incertidumbre. La Contraloría General de la República adelanta una auditoría para verificar si Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison Ports, ha cumplido con sus compromisos de pago al Estado bajo el contrato de concesión vigente.
El contralor Anel Flores indicó que la auditoría busca verificar si la empresa está reportando adecuadamente sus ingresos, pagos y aportes al Estado.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia evalúa una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la renovación automática de la concesión, realizada en 2021. Esta concesión data originalmente de 1997, cuando los puertos fueron privatizados. La demanda ha sido respaldada por la Fiscalía General, que considera que el contrato podría violar varios artículos de la Constitución.
Con 115 días por delante, el futuro de los puertos panameños sigue sin resolverse, en medio de un complejo cruce de intereses políticos, económicos y legales, donde Panamá intenta mantener equilibrio entre potencias globales y la presión interna por mayor transparencia y soberanía sobre sus activos estratégicos.
