Tribunal Electoral señala que no hay base legal para hacer consulta solicitada por Cortizo
Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) tardaron menos de 24 horas en responder a la solicitud que hiciera el Presidente Laurentino Cortizo la noche del domingo 29 de octubre, de realizar una consulta pública el 17 de diciembre para que la población aprobara o no, el contrato minero firmado con la empresa canadiense First Quantum para continuar con la extracción de cobre.
En un comunicado, los magistrados del TE enumeraron las razones por la cuales es poco viable atender la solicitud de Cortizo, entre las cuales, destaca, que en la Constitución Nacional, ni en el Código Electoral, existe norma alguna que contemple la realización de una consulta pública como la solicitada por el mandatario. Adicional, señalaron que no existen las condiciones, ni el tiempo, para cumplir con tal petición, ya que la institución se encuentra inmersa en la preparación de las próximas elecciones.
Los magistrados recordaron que la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver las dos demandas que fueron admitidas contra el contrato minero, por lo cual, de hacerse una consulta pública, la misma no tendría ninguna validez, si se emite una respuesta antes de realizarse el ejercicio del 17 de diciembre. Como parte del proceso que debe seguir la Corte para analizar las demandas de inconstitucionalidad, los magistrados enviaron al Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, el documento presentado por el abogado Juan Ramón Sevillano, para que éste emita su opinión. González anunció que la ley le permite un término de 10 días para dar su opinión, pero adelantó que esta semana se pronunciará sobre la demanda de Sevillano.
Pero el Tribunal Electoral le brindó una salida a Cortizo y en el comunicado se explicó que de crearse una ley debidamente aprobada y sancionada, que ordenase, la realización de la consulta pública, la institución «quedaría obligada a convocarla y organizarla, sujeto al tiempo y a los recursos necesarios, siempre y cuando existan las condiciones para garantizar el ejercicio de todos los derechos políticos como son los de seguridad y libre movilización». No obstante, advierten los magistrados que la vinculación o no de los resultados dependerá del presidente, y no de la institución.
