S&P advierte que un conflicto entre Mulino y la Asamblea Nacional podría limitar el crecimiento del país
La calificadora de riesgo S&P Global Ratings estima que la economía panameña crecería 2.7% este año, porcentaje inferior al 7.5% registrado el año pasado, disminución atribuida en gran parte al cierre del proyecto minero ubicado en los corregimientos de Donoso y Omar Torrijos en la provincia de Colón.
Adicional, la agencia considera que las dificultades que pueda enfrentar la administración del presidente electo José Raúl Mulino para aplicar reformas fiscales con una Asamblea Nacional fragmentada, podría debilitar aún más el crecimiento económico del país.
«Podríamos bajar la calificación durante los próximos 12 meses si observamos una disminución en la inversión que pudiera perjudicar las expectativas de crecimiento del país a largo plazo o políticas fiscales que no logren contener el reciente debilitamiento en las finanzas públicas. Un menor crecimiento del producto interno bruto (PIB) también podría dar lugar a un debilitamiento de las finanzas públicas, lo que perjudicaría la calidad crediticia», dijo la firma.
En noviembre de 2023, S&P mantuvo al país dentro del grado de inversión, pero rebajó la perspectiva de estable a negativa, debido a la incirtidumbre que generó entre los inversionistas el cierre del proyecto minero operado por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum.
Sobre la conformación de la Asamblea Nacional a partir del próximo 1 de julio, la agencia estima que una amplia participación de miembros independientes en la asamblea (21) puede desacelerar o limitar las grandes reformas que intente aplicar la administración Mulino. «Aunque es probable que el nuevo presidente llegará al cargo con más capital político que la administración saliente de Cortizo, puede resultarle difícil implementar medidas oportunas y contundentes para gestionar los desafíos fiscales trabajando con una asamblea fragmentada», estima S&P.
Ante la falta de una reforma fiscal, S&P recomienda al futuro gobierno mejorar la recaudación de impuestos, ya que todo indica que el Estado tendrá que incrementar sus aportes a la Caja del Seguro Social para mantener vigente el programa de pensiones, tomando en cuenta que las reservas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte se quedaría sin reservas entre 2024 y 2025.
