Se tambalea venta de concesión de puertos en Panamá
Venta incluye el 90% del negocio portuario de Hutchison
El conglomerado CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, enfrenta presiones crecientes por su decisión de vender el 90% de su negocio portuario a nivel mundial, una operación que incluye los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá.
Las acciones de la empresa cayeron un 3% este lunes, en medio de tensiones geopolíticas, presiones diplomáticas y cuestionamientos internos sobre el manejo de estas concesiones.
Ese mismo día, un periódico pro-Beijing publicó una página completa instando a Hutchison a desistir de la venta, calificándola incluso como una “traición” a los intereses chinos. La semana pasada, las autoridades regulatorias chinas anunciaron que investigarían el acuerdo para evaluar posibles violaciones a sus leyes de competencia.
Los puertos de Balboa y Cristóbal están bajo concesión desde 1997. Archivo
Aunque el cierre del negocio está previsto para el 2 de abril, analistas de JPMorgan advierten que podría retrasarse hasta julio o más allá, dada la complejidad política y regulatoria del caso.
El acuerdo de venta, valorado en aproximadamente 19 mil millones de dólares, fue pactado con un consorcio liderado por el fondo de inversiones BlackRock. En el acuerdo también participan otras firmas de peso en el ámbito portuario y de infraestructura, como Global Infrastructure Partners (GIP), un fondo especializado en inversiones en infraestructura a nivel global, y Terminal Investment Limited (TiL), la filial portuaria del grupo naviero Mediterranean Shipping Company (MSC).
Trump impulsa la venta y cuestiona control chino
La operación ha sido impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado a China de ejercer control sobre el Canal a través de estos puertos, lo que —según él— viola el Tratado de Neutralidad de la vía interoceánica.
Estas afirmaciones han sido rechazadas tanto por el gobierno panameño, encabezado por José Raúl Mulino, como por la administración del Canal de Panamá, que insisten en que no hay injerencia extranjera en la operación de la vía.
En Panamá, el tema ha cobrado fuerza también a nivel institucional. A inicios de año, la Contraloría General de la República abrió una auditoría a la concesión de Panamá Ports Company, propiedad de Hutchison, para determinar si el Estado ha recibido correctamente los cánones que le corresponden como dueño de los terrenos portuarios concesionados desde 1997.
La concesión fue renovada durante la administración de Laurentino Cortizo, sin mayor debate público, lo que generó inquietudes sobre transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Se espera que el resultado de la auditoría se conozca este mes de abril.
