Proponen no entregar permisos a promotoras que no garanticen agua ni luz
Una propuesta legislativa busca transformar el sector de la construcción al limitar la aprobación de permisos para aquellas promotoras que no cumplan con una serie de requisitos básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, educación y salud.
El Proyecto de Ley 212, presentado por el diputado Lenín Ulate, fue objeto de la primera reunión de discusión en la subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por la diputada Yamireliz Chong.
La reunión contó con la participación del Ministerio de Vivienda, la Cámara Panameña de la Construcción, la Asociación de Propietarios de Inmuebles, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el Registro Público y representantes del sector inmobiliario.
El proyecto establece que no se podrán otorgar permisos de construcción si los proyectos habitacionales no cuentan con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, vías de acceso, transporte, alcantarillado, educación y salud. De no cumplirse con estos requisitos, las autoridades deberán suspender los permisos hasta que se garantice la prestación de los servicios.
La iniciativa también obliga a promotoras y constructoras a entregar parques, servidumbres públicas, tanques de reserva de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, los cuales deberán ser traspasados a las autoridades competentes en un plazo no mayor de dos años después de la finalización del proyecto.
Otro punto relevante es que las sociedades que ejecuten proyectos no podrán disolverse hasta diez años después de la entrega de la última vivienda, con el objetivo de que respondan ante los compradores en caso de reclamos o fallas estructurales.
Sanciones
El proyecto endurece además las responsabilidades por vicios de construcción, ampliando hasta quince años el plazo para reclamar indemnizaciones cuando se incumpla lo pactado en los contratos, y establece una garantía obligatoria de diez años para nuevas edificaciones.
Para cubrir esta obligación, las promotoras deberán contratar pólizas de seguros; sin ellas, no se otorgará el permiso de construcción.
El texto también contempla sanciones severas para los funcionarios públicos que otorguen permisos sin verificar las condiciones de seguridad o que avalen proyectos con vicios de construcción. Las penas van de cinco a siete años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos.
Durante la reunión, la diputada Chong destacó la necesidad de un debate amplio y con aportes de todos los sectores. Solicitó que las observaciones se envíen por escrito para enriquecer el proyecto, que será discutido artículo por artículo antes de presentarlo al pleno.
Sector privado
Por su parte, Elisa Suárez, representante de la Asociación de Promotores y Corredores de Bienes Raíces de Panamá (Convivienda), advirtió que la Asamblea debe revisar cuidadosamente la legislación ya existente para evitar duplicidades que puedan generar objeciones posteriores del Órgano Ejecutivo.
Enfatizó además que, en el tema del agua, corresponde al IDAAN realizar las conexiones y no a las promotoras, como muchas veces se acusa.
El trasfondo del proyecto responde a denuncias ciudadanas sobre constructoras que desarrollan una primera etapa de barriadas y luego desaparecen, dejando a cientos de familias sin respaldo ni soluciones para problemas básicos como suministro de agua, electricidad o manejo de aguas residuales.
