
Menores ingresos obligan al gobierno a recortar $1,900 millones del presupuesto
Por: Alex E. Hernández V.
El primer trimestre del año cerró con un déficit fiscal de $1,441 millones, lo que representa un aumento de 14.3% respecto al mismo periodo de 2024.
Mientras los ingresos del Estado sumaron $3,460 millones entre enero y marzo, los gastos alcanzaron los $4,901 millones. Con este ritmo de ejecución, el panorama fiscal para el resto del año se complica.
En respuesta, el Consejo de Gabinete anunció un recorte de $1,900 millones al Presupuesto General del Estado, lo que reduce el monto total de $30,111 millones a $28,211 millones para el resto del año.
Mayor recorte será en inversión
El ajuste, según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se reparte entre $426.5 millones en gastos de funcionamiento y $1,473.5 millones en inversión.
La mayor parte del recorte impactará al Gobierno Central, con una reducción de $1,536 millones, seguido por instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.
Chapman aseguró que la decisión busca contener el gasto para cumplir con el límite de déficit fiscal del 4% del Sector Público No Financiero, establecido para 2025.
Sin embargo, las calificadoras de riesgo han advertido que ese objetivo es poco realista sin una reforma tributaria profunda, algo que el presidente José Raúl Mulino ha descartado.
En su lugar, el gobierno apuesta por mejorar la recaudación mediante herramientas como la factura electrónica y una administración tributaria más eficiente.
El balance primario —que refleja si el Estado puede cubrir sus gastos sin incluir los intereses de la deuda— se ubicó en -0.53% al cierre de marzo.
Leyes especiales
De acuerdo con Chapman, un factor que presiona el presupuesto son los ajustes salariales automáticos y otros gastos rígidos. En el último año, estos aumentos representaron $324 millones, mientras que otros compromisos ineludibles alcanzaron $1,282 millones.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, advirtió que los incrementos salariales automáticos imponen una presión significativa sobre las finanzas públicas.
Si no se revisan, estos incrementos podrían costar más de $10,000 millones hacia 2030, según estimaciones del MEF.
Pese al recorte, el Gobierno reiteró que no se tocarán los subsidios dirigidos a la población más vulnerable, como la tarifa eléctrica subsidiada, el vale del gas, el programa 120 a los 65, las becas, el subsidio al transporte y el interés preferencial para viviendas.
Aunque los ingresos crecieron un 9% en el primer trimestre, los gastos lo hicieron a un ritmo mayor (10.8%).
El anuncio del recorte es una señal clara de que el país no podrá cerrar el año con el equilibrio esperado, y que, sin cambios estructurales, el desbalance entre ingresos y gastos seguirá ampliándose.
Este sería el segundo recorte al presupuesto que realiza la administración de José Raúl Mulino. El primero se aprobó en octubre de 2024, apenas tres meses después de asumir el poder, cuando el Consejo de Gabinete autorizó una reducción de $1,387 millones al Presupuesto General del Estado.
En esa ocasión, el ajuste también se distribuyó entre funcionamiento e inversión, como parte de un plan de contención del gasto impulsado ante las limitaciones fiscales que ya enfrentaba el país.