PPC rechaza auditoría y afirma que no debe al Estado
Dos días después del anuncio realizado por el contralor de la República, Anel Flores, sobre un posible perjuicio económico al Estado por más de $1,300 millones por parte de la empresa Panamá Ports Company (PPC), la concesionaria respondió rechazando los señalamientos.
En un comunicado, la empresa que administra desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal indicó que las declaraciones del contralor tergiversan la realidad de la relación contractual entre la compañía y el Estado.
Según PPC, Flores hace referencia únicamente a los términos del acuerdo original, sin tomar en cuenta que este fue modificado mediante la adenda 1, aprobada en 2005 durante la administración del expresidente Martín Torrijos.
El contralor Anel Flores indicó que la concesión se renovó sin el visto bueno de la Contraloría en 2021.
PPC afirma que ha invertido más y pagado lo estipulado
La compañía señala que en 2005 se acordó una inversión de $1,000 millones, la cual ha sido superada, sumando actualmente más de $1,695 millones en infraestructura portuaria.
Además, afirman haber pagado al Estado $668 millones por actividad portuaria y $102 millones en concepto de dividendos, ya que el Estado posee el 10% de las acciones.
“Cualquier manifestación referente a lo que debió pagar PPC bajo el contrato original de 1997 debe considerar las adendas válidamente celebradas y aprobadas por ley”, indicó la empresa.
“Expresar lo opuesto tergiversa la realidad de la relación jurídica entre PPC y el Estado panameño y contradice los propios actos del Estado a lo largo de los años”.
Durante la presentación de los resultados de la auditoría realizada a la concesión de PPC, Flores señaló que la renovación del contrato en 2021 por parte de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá no contó con el aval de la Contraloría.
También aseguró que se encontraron importantes incumplimientos que superarían los $300 millones.
Flores explicó que los cambios introducidos en 2002 bajo la administración de la expresidenta Mireya Moscoso, y formalizados en la adenda de 2005, redujeron significativamente los ingresos del Estado: de más de $25 millones al año a apenas $1.3 millones en 2003.
Según la auditoría, esta reducción causó una afectación económica al Estado por $1,300 millones.
Ministerio Público iniciará investigación
Tras estas revelaciones, el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, solicitó al contralor que remita copia de la auditoría al Ministerio Público para iniciar una investigación. Flores también anunció que presentará una demanda para que se investigue a los funcionarios que aprobaron la renovación automática del contrato por 25 años a favor de PPC.
La empresa portuaria subrayó que ha cumplido puntualmente con los pagos correspondientes a las tarifas por movimiento de contenedores. “Creemos firmemente que el respeto a la seguridad jurídica brinda a las empresas e inversionistas la certeza de que Panamá es un país seguro para invertir”, señaló PPC.
Cabe destacar que la auditoría de la Contraloría se inició antes de que se hiciera pública la intención de Hutchison Ports, propietaria de PPC, de vender sus activos portuarios a nivel global, incluyendo Balboa y Cristóbal, al fondo estadounidense BlackRock por más de $22 mil millones. Esta negociación, que debía culminar el pasado 2 de abril, podría extenderse hasta fin de año.
La operación se da en un contexto de creciente tensión, ya que el gobierno de Donald Trump ha acusado a China de tener influencia sobre las operaciones del Canal de Panamá al controlar empresas ubicadas en ambos extremos de la vía interoceánica.
