Organizaciones advierten hostigamiento por denuncias sobre Puerto Barú
Organizaciones de la sociedad civil que forman parte del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y más de 60 grupos comunitarios, científicos, sociales y ambientales aliados denunciaron que se está usando el sistema judicial panameño como mecanismo de hostigamiento y persecución contra quienes defienden el patrimonio natural del país.
La reacción surge tras la presentación de dos querellas penales contra el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá y ADOPTA Bosque, organizaciones que han advertido sobre el impacto ambiental que tendría el proyecto Puerto Barú en un área protegida de manglares en David, Chiriquí.
Los cuestionamientos se basan en reportes científicos independientes que concluyen que los impactos no fueron evaluados adecuadamente.
Proyecto
El proyecto Puerto Barú contempla la construcción de un puerto multipropósito cerca de la ciudad de David, sobre un área aproximada de 124 hectáreas. La obra incluye un muelle de alrededor de 850 metros de longitud y una dársena con profundidades de hasta 11 metros, junto a una inversión inicial estimada en 250 millones de dólares.
La propuesta se presenta como un desarrollo logístico que impulsaría actividades marítimas y comerciales en la región occidental del país.
Sin embargo, los estudios independientes señalan riesgos ambientales significativos. El proyecto se ubica junto a los manglares de David, un ecosistema protegido que forma parte de una de las zonas de mayor valor ecológico de Chiriquí.
Además, para habilitar el canal de navegación se requeriría un amplio proceso de dragado, con la remoción de millones de metros cúbicos de sedimentos marinos, lo que podría afectar la dinámica costera, la biodiversidad y los servicios ambientales que ofrecen los manglares.
Estas alertas sustentan la preocupación de las organizaciones sobre la insuficiencia de la evaluación ambiental y la necesidad de considerar alternativas menos sensibles, como Puerto Armuelles.
Denuncia
Diversas organizaciones internacionales han catalogado las querellas contra CIAM y ADOPTA Bosque como un caso de litigio estratégico contra la participación pública, conocido como SLAPP por sus siglas en inglés.
Este tipo de procesos busca emplear el sistema judicial para intimidar, silenciar y desgastar a personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y del ambiente, generando un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana y el debate público.
Ante este escenario, las organizaciones exhortaron al Ministerio Público a desestimar las querellas por considerarlas infundadas y a garantizar la protección del espacio cívico.
También recordaron que el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones adecuadas para que los defensores ambientales ejerzan su labor, conforme al Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá mediante la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, que establece salvaguardas específicas para quienes promueven la justicia ambiental y la participación ciudadana.
El comunicado subraya que sin ecosistemas sanos no es posible alcanzar una población saludable ni una economía sostenible. Agrega que los esfuerzos de conservación solo podrán sostenerse si se protege el trabajo complementario, técnico y crucial que realizan las organizaciones y personas dedicadas a la defensa del ambiente en el país.
