Empresas podrán pedir al Minsa verificar certificados de incapacidad desde octubre
A partir del 12 de octubre de 2025 entrará en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 17 del Ministerio de Salud, que establece un procedimiento oficial para que las empresas puedan solicitar la verificación de certificados de incapacidad que consideren falsos o injustificados.
Esta medida surge tras años de denuncias sobre el uso indebido de incapacidades médicas y la comercialización de certificados, una práctica que afecta tanto al sector privado como a la administración pública.
El nuevo decreto reemplaza regulaciones anteriores y otorga a los empleadores la posibilidad de acudir directamente al Ministerio de Salud para validar la autenticidad de un certificado.
El trámite exige presentar la información del trabajador incapacitado, los datos del médico emisor, el centro de salud donde fue expedido el documento y una copia del certificado bajo sospecha.
Como parte del proceso, personal técnico de las Regiones de Salud realizará inspecciones en las instituciones médicas señaladas y podrá solicitar documentación de respaldo. Con ello se busca confirmar si el certificado responde a una evaluación médica real o si se trata de un documento fraudulento.
El objetivo es frenar la proliferación de incapacidades sin sustento y proteger tanto a empleadores como al sistema de seguridad social.
los trabajadores generan un fondo de licencia por incapacidad desde que inicia el contrato laboral, con derecho a hasta 36 días de incapacidad.
Beneficio laboral
El artículo 200 del Código de Trabajo establece que los trabajadores generan un fondo de licencia por incapacidad desde que inicia el contrato laboral, con derecho a hasta 36 días de incapacidad pagados por el empleador en un período de dos años. Una vez agotado este fondo, corresponde a la Caja de Seguro Social cubrir el subsidio por enfermedad común.
Sin embargo, el uso fraudulento de incapacidades ha distorsionado este derecho, generando pérdidas y desconfianza en las empresas.
En los últimos años se han dado a conocer casos que evidencian la gravedad del problema, como el de funcionarias de la Caja de Seguro Social que viajaron al extranjero mientras estaban incapacitadas con certificados médicos que exigían reposo absoluto.
Estos hechos han reforzado la necesidad de establecer controles más rigurosos sobre la expedición y validez de los certificados.
El nuevo decreto reconoce explícitamente la problemática de la comercialización de incapacidades y abre la puerta a que tanto empresas como instituciones públicas soliciten investigaciones y presenten denuncias cuando exista sospecha de fraude.
El Ministerio de Salud advierte que la falsificación o alteración de estos documentos puede acarrear sanciones laborales e incluso procesos penales.
Para especialistas como Yeris Nielsen, abogada de BDS Asesores Panamá, esta regulación se convertirá en una herramienta útil para los empleadores: “Con ella, en gran medida, se evitará la emisión de certificados injustificados, al tomar en cuenta las sanciones que establece la norma”.
