Corte rechaza cuarta demanda contra la Ley 407 de moratoria minera
Ya suman cuatro las demandas de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha rechazado contra la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023, que decretó la moratoria minera metálica en todo el territorio nacional.
El 1 de julio se publicó el Edicto N.° 433, fechado el 21 de mayo de 2025, que declaró “no admitida” una acción presentada por la abogada María Fábrega, quien cuestionaba el artículo 1 de la Ley 407.
Esta norma prohíbe otorgar nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos. Además, ordena archivar cualquier solicitud en trámite y obliga al Ministerio de Comercio e Industrias a rechazar futuros pedidos.
Origen de la ley 407
Su aprobación se dio tras las multitudinarias protestas de octubre y noviembre de 2023, en medio de la polémica por el contrato minero contenido en la Ley 406. En un intento por calmar las tensiones, el gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo aprobó la Ley 407 como medida de contención.
Las protestas contra el contrato minero firmado entre el gobierno de Laurentino Cortizo y Minera Panamá se extendieron por más de 30 días en todo el país. Tomada de Internet
Antes del Edicto 433, la CSJ ya había desestimado otras tres demandas: dos promovidas en 2024 por una empresa minera, y otra también presentada por Fábrega, que atacaba cinco artículos de la ley. Ninguna fue admitida, por lo que la moratoria minera sigue vigente.
Producto de la entrada en vigor de la Ley 407, la empresa canadiense Orla Mining, que contaba con tres concesiones para la extracción de oro en Cerro Quema, en la región de Azuero, presentó un arbitraje internacional contra el Estado panameño. La compañía exige una compensación de 400 millones de dólares, alegando afectaciones directas a sus operaciones e inversiones.
Postura oficial
Mientras tanto, el presidente José Raúl Mulino ha reiterado que la decisión sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso será tomada directamente por el Ejecutivo, sin pasar por la Asamblea Nacional. Ha asegurado que el Estado ejercerá su derecho sobre los recursos naturales y que no se entregará a un tercero la explotación.
Mulino también ha recalcado que cualquier acuerdo se adoptará en respeto a la Constitución, que establece que los recursos minerales pertenecen al Estado. Asimismo, ha afirmado que no se volverá al modelo anterior basado en contratos-ley.
