Minera Panamá reduce operaciones por protestas
La minera canadiense First Quantum informó que su filial Minera Panamá redujo la operación del proyecto Cobre Panamá, debido a los bloqueos que se vienen realizando en las últimas semanas en el puerto de Punta Rincón por parte de manifestantes que están en contra del contrato minero firmado entre el gobierno panameño y la empresa.
La empresa señala que las protestas que se realizan con pequeñas embarcaciones en las cercanías del puerto, han limitado la llegada y salida de embarcaciones. «Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía en el sitio de la mina, que es necesaria para las operaciones completas y para una gestión ambiental segura, incluida la operación y el mantenimiento de la instalación de manejo de relaves. Además, las acciones ilegales han obstaculizado la carga de concentrado de cobre a los buques», señaló la minera canadiense.
Después de la firma del contrato que extiende por 20 años la presencia de First Quantum en la mina ubicada en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, miles de personas se han manifestado en contra del contrato, al punto, que el Gobierno de Laurentino Cortizo, se vio forzado a promulgar una ley de moratoria a la minería metálica, donde todas las solicitudes de nuevos proyectos deben ser rechazadas, así como las peticiones de prórroga. Sin embargo, la medida no ha aplacado las protestas, ya que los grupos originarios, gremios de educadores, sindicato de constructores, entre otros, exigen la derogación de la ley 406 que contiene el contrato minero.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no será hasta el 24 de noviembre que los magistrados entrarán a analizar las dos primeras demandas de inconstitucionalidad que se admitieron contra la ley 406 y es probable que en un solo expediente se agrupen los 8 procesos activos contra el contrato el minero.
Sobre las protestas que se vienen realizando desde el 21 de octubre, First Quantum, indicó que respeta el derecho que tienen las personas a manifestarse y agrega que está abierta al diálogo, pero al mismo tiempo, aclara «que se reserva el derecho de protegerse con todas las opciones disponibles de conformidad con sus derechos contractuales y bajo el derecho internacional». Voceros del Gobierno han indicado que de derogarse el contrato minero, la minera demandaría al país por una suma que podría superar los 50 mil millones de dólares.
