Gobierno pide más detalles a Minera Panamá sobre el cierre de la mina
Después de 48 días, el Gobierno regresó el borrador del plan que entregó el 16 de enero la empresa Minera Panamá para ejecutar el cierre de la mina de Donoso, luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que el contrato para extender las operaciones del proyecto Cobre Panamá era inconstitucional.
En un comunicado, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que el lunes 4 de marzo regresó a Minera Panamá el documento con una serie de consideraciones sobre los puntos que la empresa debe realizar para ejecutar el plan definitivo de la mina, ubicada en una concesión de 13 mil hectáreas en las montañas de los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Entre las ampliaciones que solicitó el Gobierno están la definición de un cronograma detallado de las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), así como un cronograma de desmantelamiento de instalaciones, equipos y estructuras, priorizando áreas sensitivas como almacenes de sustancias peligrosas y explosivos, entre otros.
También, el MICI pidió a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, plasmar las garantías financieras para hacer frente al costo de realización de las acciones del cierre de la mina, y el monto mensual estimado de costos del PGS deberá ser desglosado con el mayor detalle posible.
La empresa canadiense ha estimado entre 15 y 20 millones de dólares el costo mensual para ejecutar el plan de cierre definitivo y ha indicado que la venta de las 120 mil toneladas de concentrado de cobre que están almacenadas en la mina y que tienen un costo de mercado de 220 millones de dólares podrían financiar el cierre del proyecto.
Sobre la venta del concentrado de cobre, el MICI pidió a la concesionaria realizar un muestreo de multielementos cuantitativo y cualitativo, a fin de determinar las características geoquímicas del concentrado de cobre almacenado para su venta futura.
Se ha indicado que serían necesarios dos años para definir el plan de cierre definitivo y otros 10 años para ejecutarlo.
