Diputados del PRD, CD y RM rechazan inhabilitar a empresas condenadas por corrupción
Por: Alex E. Hernández V. / Con los votos de los diputados de los partidos Realizando Metas, Cambio Democrático y Revolucionario Democrático, la Comisión de Economía y Finanzas rechazó en primer debate la discusión del proyecto de Ley 14, que buscaba modificar la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, propuesto por Augusto Palacios.
La iniciativa pretendía prohibir que las empresas condenadas por casos de corrupción obtuvieran contratos estatales. Los diputados Benicio Robinson (PRD), Arquesio Arias (PRD), Ronald de Gracia (RM), Víctor Castillo (RM) y Manuel Cohen (CD) votaron en contra del proyecto, mientras que Patsy Lee (Partido Popular), Jorge Bloise (Vamos), Eduardo Gaitán (Vamos) y Melvin Pérez (Panameñista) manifestaron su apoyo a la iniciativa.
El proponente del proyecto indicó en su sustentación que «la corrupción en la contratación pública es un flagelo que debe ser combatido con determinación y eficacia. Este anteproyecto de ley representa un paso firme hacia la consolidación de un sistema de contratación pública más transparente, íntegro y eficiente. Insto a mis colegas diputados a apoyar esta iniciativa, que sin duda contribuirá al desarrollo y bienestar de nuestro país».
Agregó que la aprobación de este anteproyecto habría fortalecido el marco normativo en materia de contratación pública, además de enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad sobre el compromiso de la Asamblea Nacional con la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción.
El documento que sustentaba la presentación del proyecto para su discusión en primer debate hacía mención a empresas que han sido condenadas en Panamá por casos de corrupción, como la brasileña Odebrecht, que fue condenada a pagar más de 220 millones de dólares por aceptar que pagó sobornos a funcionarios panameños para obtener contratos con el Estado.
Igualmente, se hace mención al caso conocido como Blue Apple, donde se demostró el pago de sobornos.
«Este anteproyecto de ley se propuso como una respuesta directa y contundente a esta problemática, buscando asegurar que los recursos del Estado sean gestionados con la máxima rectitud y responsabilidad, específicamente en el momento de decidir quién participa o no en las contrataciones públicas», señaló el diputado Palacios.
