Defensor del Pueblo critica servicio prestado por distribuidoras eléctricas
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, señaló que el próximo gobierno que asuma el primero de julio tendrá que valorar el malestar de la población al momento que le toque renovar las concesiones de las dos distribuidoras de energía.
Los contratos de concesión de ENSA, Edemet y Edechi, las dos últimas del grupo Gas Natural Fenosa, vencen en el año 2028, luego de ser renovadas en 2013 por un periodo de 15 años adicionales. La concesión de Edemet cubre la zona occidental de la ciudad de Panamá, así como el oeste de la provincia de Panamá y las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, situadas en el centro del país.
Por otro lado, Edechi opera en la zona de concesión de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, abarcando las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, que limitan con Costa Rica. ENSA, su área de concesión, comprende el sector este de la ciudad y provincia de Panamá, el Golfo de Panamá, la provincia de Colón y los sistemas aislados de Darién y Guna Yala, que son fronterizos con Colombia.
Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo.
«El gobierno que gane las elecciones 2024 tendrá la responsabilidad del contrato de la distribución y comercialización eléctrica, ya que vence en octubre de 2028. Este debe tomar en cuenta el descontento popular, que no solo en estas fechas sino en innumerables ocasiones nos deja sin fluido eléctrico», indicó Leblanc.
Para el Defensor del Pueblo, las distribuidoras de energía cuentan con un contrato favorable para su operación, por lo cual, no se preocupan por mejorar el servicio que ofrecen al país. «Sé que hay temas de morosidad, conexiones ilegales, sabotaje, quemas y demás (riesgo del negocio), pero estas excusas no pueden ser jamás los únicos causantes de tantos apagones», comentó.
El gobierno que gane las elecciones 2024, tendrá la responsabilidad del contrato de la distribución y comercialización eléctrica. Ya que vence en octubre 2028. Este debe tomar en cuenta el descontento popular, que no solo en estas fechas si no en innumerables ocasiones nos deja… pic.twitter.com/fvXbex9MQA
— Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) February 14, 2024
Añade que el contrato establece que de darse una resolución administrativa (cancelación) del mismo, el Estado tendría que pagarle a la empresa entre el 80% y 90% del mismo, dependiendo de la fecha de que se determine la anulación.
Actualmente, en la Asamblea Nacional se analizan una serie de propuestas que buscarían revisar los actuales contratos de las empresas de distribución eléctrica.
