Deuda con el Fondo de Ahorro de Panamá desata discusión entre diputado Vásquez y viceministro de economía
La aprobación de un crédito extraordinario por 650 millones de dólares al presupuesto general generó una discusión entre el diputado independiente Juan Diego Vásquez y el viceministro de economía, Carlos González. El crédito presentado en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional incluye aumentos para 17 entidades como los Ministerio de Vivienda, Ambiente, Gobierno, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entre otros.
El punto que generó discusión fue el pago de las transferencias 2018 y 2019 al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) por 30 millones de dólares. Vásquez cuestionó al viceministro de Economía por no incluir los pagos pendientes de las transferencias de los excedentes del Canal de Panamá correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, y pidió al funcionario no escudarse en los efectos de la pandemia.
En su respuesta, González indicó que durante la pandemia los ingresos del Estado disminuyeron drásticamente y que para priorizar la vida de los panameños se utilizaron los fondos que debían ir al FAP en la contratación de personal médico, subsidios, entre otros gastos. Esta respuesta generó malestar al diputado Vásquez, que en tres ocasiones pidió a González que le diera las razones legales para no haber cumplido con las transferencias al FAP.
Al no recibir una respuesta de su agrado, el diputado independiente dijo que no existía ningún fundamento legal para que el Gobierno no cumpliera con las transferencias al FAP, y señaló que la administración del presidente, Laurentino Cortizo, se dedicó a incrementar la planilla estatal durante la pandemia en vez de reducir sus gastos y priorizar el ahorro.
Ante estos señalamientos, González reconoció que la planilla estatal sí se ha incrementado, pero indicó que fue para contratar más personal de salud y equipos de atención.
Dentro del crédito extraordinario de 650 millones de dólares, está incluido 100 millones de dólares para pagar la deuda que mantiene el Estado con empresas constructoras que venden viviendas de interés social por menos de 70 mil dólares, así como 136 millones de dólares para cancelar el monto adeudado por el subsidio al galón de gasolina de 91 octanos y del diésel.
